En unas semanas, los chilenos votarán si rechazan o no una constitución establecida bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Podrían reemplazarlo por uno nuevo y progresista centrado en el cambio climático y la igualdad económica.
Esta nueva constitución ha ganado elogios por su potencial para deshacer medio siglo de privatizaciones y ampliar la participación de la mujer en la economía desde que se estrenada en julio. Hoy, una coalición de destacados economistas lo respaldó.
“Nosotros, economistas y científicos sociales de todo el mundo, saludamos a la convención constitucional chilena y al documento visionario que ha producido para asegurar el crecimiento sostenible y la prosperidad compartida en Chile”, el grupo escribió en una carta compartida la semana pasada.
Entre los 43 firmantes se encuentran Mariana Mazzucato, profesora del University College London y directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de la UCL; Thomas Piketty, profesor de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, de la Escuela de Economía de París y de la Escuela de Economía de Londres; y Jayati Ghosh, presidente del Centro de Estudios Económicos y Planificación de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi.
En la carta, los economistas argumentan que la constitución propuesta de Chile, si se adopta, tiene el potencial de servir como modelo para otros gobiernos progresistas. “Creemos que la nueva constitución establece un nuevo estándar global en su respuesta a las crisis del cambio climático, la inseguridad económica y el desarrollo sostenible”, escribió el grupo.
La votación de la constitución, prevista para el 4 de septiembre, se produce después de varios años de agitación en el país y de la elección en diciembre del presidente del izquierdista milenario Gabriel Boric, quien venció al conservador José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de extrema derecha chilena. Boric apoya la adopción de la nueva constitución.
La constitución actual del país, adoptada siete años después del reinado de Pinochet en 1980, ha sido enmendada varias veces en un esfuerzo por hacerla más democrática. La nueva constitución representa una ruptura total con el legado socioeconómico del dictador.
Los economistas señalan varias de las áreas políticas específicas de la constitución propuesta en su carta. El documento, escribieron, mejoraría la igualdad de género en el país al reconocer “el trabajo de cuidado, la reproducción social y la salud de las mujeres como fundamentales para las perspectivas de la economía”. También se centran en sus disposiciones para la expansión de los servicios sociales gubernamentales.
Al referirse a cómo los diferentes países se han recuperado de la pandemia, escribieron: “Al crear nuevas instituciones para la provisión de servicios públicos universales como educación, salud y seguridad social, Chile está aplicando con éxito las lecciones de la historia reciente que muestran la importancia de estos servicios tanto para la resiliencia económica a corto plazo como para el crecimiento económico a largo plazo.
También se centran en las disposiciones de la constitución propuesta para la reforma de la política tributaria, la protección de los derechos de los trabajadores y la ampliación de la jurisdicción del banco central de Chile.
“En general, creemos que la constitución crea un marco legal que preparará con éxito a Chile para un nuevo siglo de crecimiento equitativo, con disposiciones para atraer inversiones, proteger la estabilidad financiera y promover el desarrollo de todos los chilenos”, escribieron los economistas.
La ratificación de la nueva constitución, sin embargo, está lejos de ser segura. Las encuestas recientes muestran el índice de aprobación pública del documento ronda el 30%, con muchos votantes indecisos.
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