Apple acordó pagar a los consumidores chilenos 3,4 millones de dólares en una demanda por la obsolescencia programada de los iPhone, dijo su abogado el miércoles, el primer acuerdo de este tipo en América Latina. Apple está acusada de haber programado una vida útil limitada en ciertos productos para obligar a los usuarios a reemplazar sus teléfonos antes de lo necesario, y ya ha resuelto casos similares en Estados Unidos y Europa. En Chile, unos 150.000 usuarios de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone SE han demandado a la empresa estadounidense, alegando que sus teléfonos inteligentes comenzaron a tener un rendimiento inferior después de las actualizaciones de software programadas por Apple antes del 21 de diciembre de 2017.

El convenio prevé un período de registro para los clientes afectados, quienes deberán acreditar el menor rendimiento de sus dispositivos, dijo en conferencia de prensa virtual el abogado de la asociación de consumidores Odecu, Juan Sebastián Reyes.

Es probable que cada cliente obtenga una compensación de hasta $50, que debe compartirse si hay más de un reclamo por número de serie, como en el caso de los teléfonos usados.

En diciembre de 2017, Apple admitió que el software de iOS se había modificado para ralentizar el rendimiento de los iPhone más antiguos cuya batería se estaba deteriorando.

Una protesta obligó a Apple a actualizar su software y ofrecer grandes descuentos en el reemplazo de baterías.

En marzo de 2020, Apple acordó pagar hasta $500 millones para resolver una demanda colectiva sobre iPhones ralentizados en los Estados Unidos, seguido en noviembre por otros $113 millones para resolver una disputa con más de 30 estados de EE. UU. por el mismo problema.

La compañía también resolvió un caso con el organismo de control del consumidor de Francia por 25 millones de euros (29,7 millones de dólares) por no informar a los usuarios de iPhone que las actualizaciones de software podrían ralentizar a los usuarios de dispositivos más antiguos.

Italia, por su parte, impuso a Apple y Samsung, respectivamente, 10 y 5 millones de euros en multas por obsolescencia programada de los teléfonos inteligentes.