En reconocimiento a esta complejidad y al derecho de las personas a influir en las decisiones que afectan su entorno y calidad de vida, es por ello que Chile, en 2012, propuso lanzar un proceso regional para fortalecer el acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales.

A lo largo de las negociaciones de un acuerdo, Chile, junto con Costa Rica, ha liderado una iniciativa que ha sido reconocida en todo el mundo como fundamental para el control de la corrupción, la transparencia, la resolución de conflictos y los derechos de los ciudadanos. La negociación en sí fue un ejemplo sin precedentes de “democracia deliberativa”, que permitió a todas las partes involucradas contribuir al proceso utilizando sus conocimientos y experiencias en sesiones públicas.

Lo más destacado de esto fue el Acuerdo de Escazúel primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe y el primero en el mundo que protege explícitamente a los defensores ambientales.

A la fecha, 16 países han suscrito el Acuerdo de Escazú y algunos ya iniciaron el proceso de ratificación. Al hacerlo, reafirmaron su compromiso con la sustentabilidad y reconocieron que, a pesar de algunos avances, no hay país que no necesite adoptar medidas para mejorar la gobernanza ambiental.

Desafortunadamente y sorprendentemente, sin embargo, Chile aún no ha firmado el tratado que ha estado defendiendo durante más de seis años. Es imperativo que Chile firme y ratifique cuanto antes el Acuerdo de Escazú y adopte su mandato.

La coherencia, homogeneidad y capacidad de Chile serán examinadas minuciosamente de cara a la COP25, donde también será necesario establecer espacios formales de participación ciudadana en temas ambientales con organismos nacionales e internacionales.

El gobierno chileno tiene una oportunidad única para iniciar este proceso de la manera correcta.

Este artículo fue publicado originalmente por El Mostrador y se vuelve a publicar aquí con permiso