El nuevo proyecto de Carta Magna de Chile es el resultado de un año de debate en el seno de la Convención Constituyente de 154 miembros, elegidos por sufragio universal. Esta es la salida política que ha encontrado el país para sofocar las protestas que estallaron en octubre de 2019 por una mayor igualdad social.

Según el último sondeo del miércoles 3 de agosto del instituto de encuestas Criteria, la opción “rechazo” ocupa el primer lugar con un 45%, la opción “Apruebo” ha aumentado hasta el 36%, cinco puntos más que en el sondeo anterior.

Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar el 4 de septiembre y sería la primera elección con voto obligatorio desde 2012.

“Es de esperar que en las próximas semanas estemos prácticamente en el umbral de una igualdad técnica entre las dos opciones”, dijo a la AFP Rodrigo Espinoza, politólogo de la Universidad Diego Portales.

No hay claridad sobre qué sucedería si prevaleciera el rechazo. Esta duda la planteó el propio presidente Gabriel Boric cuando dejó en claro que de ocurrir esto habría que relanzar un nuevo proceso constitucional.

Entre los puntos más polémicos criticados en la nueva Constitución está la “multinacionalidad”, o el reconocimiento de diferentes naciones y pueblos indígenas, introduciendo divisiones comunales en un país moldeado hace más de dos siglos a partir de ideales universalistas heredados de las Luces.

Además, se reemplazaría el Senado por una Cámara de Regiones con mayores garantías de representación regional, se crearía un Consejo de Justicia en lugar del Poder Judicial, con una sección especial de justicia indígena.

Una aprobación subraya el carácter feminista y ambiental y la consagración de derechos fundamentales de la nueva propuesta, como el derecho a la salud, educación y vivienda digna, así como el privilegio del agua para consumo humano.