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Chile acaba de adoptar el acuerdo regional de Escazú, destinado a garantizar a todos el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental
Antonia Urrejola es Ministra de Relaciones Exteriores de Chile.
En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han enfrentado importantes desafíos de desarrollo relacionados con el uso sostenible de sus recursos naturales. Esto ha resultado en una cantidad considerable de conflictos sociales y ambientales, que por lo general resultan en comunidades fracturadas y marcos de inversión más débiles.
Esta situación no es exclusiva de nuestra región. Sin embargo, es particularmente grave en esta parte del mundo, donde ocurre un número desproporcionado de conflictos ambientales, que abarcan una amplia gama de temas como la minería, el agua, el uso de la tierra y la energía. En consecuencia, es en nuestra región donde los defensores ambientales enfrentan con mayor frecuencia discriminación, hostigamiento, amenazas, intimidación y asesinato. Las estadísticas muestran que, trágicamente, tres de cada cuatro defensores ambientales asesinados en 2019 eran de América Latina y el Caribe.
Estos desafíos requieren con urgencia una visión a largo plazo para construir sociedades cohesionadas que aborden los problemas ambientales a través de una toma de decisiones inclusiva y transparente, brindando a todos oportunidades para participar y contribuir al bienestar colectivo, en otras palabras, construir democracia en materia ambiental.
El Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018, da respuesta a esta necesidad. Es el resultado de un proceso de negociación de cinco años entre los países de América Latina y el Caribe, bajo el liderazgo conjunto de Chile y Costa Rica.
El 31 de mayo, Chile completó su proceso parlamentario para convertirse en parte plena del Acuerdo. Es importante señalar que luego de una discusión informada, durante la cual se abordaron todas las inquietudes, el parlamento respaldó el acuerdo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con un amplio respaldo de todos los sectores, en todo nuestro espectro político. Es una señal fuerte y un mandato claro. Los derechos de acceso y la democracia ambiental se confirman como una característica permanente de la política exterior de Chile.
El principal objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar que todos tengan acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales. Es el único acuerdo jurídicamente vinculante en materia ambiental concluido y adoptado con éxito en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú proporciona un marco para la cooperación regional y para aprender unos de otros. Establece un estándar mínimo que todos los gobiernos deben observar e implementar, pero a su propio ritmo y de acuerdo con sus propias prioridades y circunstancias. El acuerdo no busca imponer nada, sino sentar las bases para que cada país construya sus propios instrumentos jurídicos y herramientas políticas.
En una de sus características y aportes más sobresalientes, el Acuerdo de Escazú también reconoce el papel de las personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales y les brinda las condiciones necesarias para trabajar libremente, previniendo cualquier tipo de hostigamiento o persecución.
COHESIÓN SOCIAL
Con esta ratificación, Chile reafirma su firme compromiso de contribuir al desarrollo sostenible y la paz en nuestra región. Ante la triple crisis a la que nos enfrentamos (climática, pérdida de biodiversidad y contaminación), debemos aumentar el nivel de confianza de nuestra sociedad para afrontar juntos estos retos, apostando por un instrumento de paz como este acuerdo.
Es crucial entender que en estos tiempos de profundos cambios sociales y crecientes demandas de participación social, los gobiernos deben ser facilitadores de estas aspiraciones, en lugar de esconderse de ellas. Es nuestro deber promover un diálogo constante con y entre la sociedad civil, para contribuir a la cohesión social. Este enfoque no solo vale la pena el esfuerzo; esta es la única forma de lograr un desarrollo equitativo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Chile ha logrado avances significativos en las últimas décadas en este sentido. Chile cuenta con tribunales ambientales en pleno funcionamiento, un Consejo Nacional para la Transparencia y se ha aprobado legislación sobre diversas opciones para garantizar el acceso a la información en poder del Estado. Chile ha estado activo en la publicación y difusión de información sobre el estado del medio ambiente, sobre nuestros esfuerzos para cumplir con nuestros compromisos climáticos y en dar voz al público a través de procesos participativos significativos.
Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. El Acuerdo de Escazú ofrece la oportunidad de abrir un nuevo capítulo en la implementación nacional y la colaboración regional. América Latina y el Caribe albergan vastos tesoros de biodiversidad. La naturaleza de nuestra región es crucial no solo para nuestra propia prosperidad, sino también para el equilibrio ecológico de todo el mundo. Nuestra responsabilidad es protegerlo a medida que crecemos y hacer de la erradicación de la pobreza una prioridad.
El acuerdo representa una oportunidad para construir una agenda de paz y colaboración, para incrementar nuestra cohesión social y la resiliencia de nuestro desarrollo. Es un paso hacia más democracia y un renovado contrato social entre nosotros y con la naturaleza. Al convertirnos en parte del Acuerdo de Escazú, Chile se compromete a contribuir a esta nueva oportunidad para que América Latina y el Caribe construya un futuro pacífico y próspero.
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