SANTIAGO, Chile (AP) — Una crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú se intensificó el jueves cuando cientos de personas quedaron varadas, sin poder cruzar a Perú en un intento por regresar a sus países de origen, Venezuela.
Los migrantes, en su mayoría venezolanos, buscan ingresar a Perú para continuar a su país de origen, pero Perú no les permite ingresar por carecer de documentos.
Mientras están varados en la frontera de los dos países sudamericanos, los migrantes se enfrentan al clima inhóspito que caracteriza al desierto de Atacama, uno de los más secos del planeta, con días extremadamente calurosos y noches intensamente frías. Algunos tienen tiendas de campaña improvisadas con mantas pero carecen de agua y otros servicios básicos.
Un grupo de migrantes cruzó el desierto hacia Perú, pero los oficiales peruanos los hicieron retroceder. Algunas mujeres se quejaron y exigieron que el gobierno presidente gabriel boric proporcionarles un autobús para llegar a Venezuela.
Las imágenes mostraron a los migrantes empujando a los agentes de la Patrulla Fronteriza peruana en un intento de ingresar al país.
Funcionarios en Arica, la ciudad en el norte de Chile que limita con Perú y está a unos 2.000 kilómetros (1.245 millas) de la capital Santiago, declararon una emergencia migratoria el jueves.
Un día antes, el presidente peruano, Dina Boluarte, declaró estado de emergencia en Tacna, ciudad cercana a la frontera con Chile, con el fin de “preservar el orden interno” y contener la llegada de migrantes. Al anunciar la medida, el mandatario atribuyó “actos delictivos” a los migrantes.
Boluarte dijo que impulsará una reforma constitucional para “autorizar la intervención de las fuerzas armadas en la zona fronteriza”. Boric, por su parte, ya desplegó tropas en la frontera a fines de febrero para ayudar a evitar la entrada de migrantes.
Amnistía Internacional ha instado a Perú y Chile a poner fin a lo que llamó la “militarización” de la frontera. Los líderes de ambos lados están “agravando innecesariamente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta los riesgos para la vida y la seguridad de estas personas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Gobierno de Chile ha citado al embajador de Perú, Jaime Pomareda, para manifestar su descontento por las declaraciones del alcalde de Tacna, Pascual Guisa, quien calificó de “irresponsable” al mandatario chileno por lo que el enviado calificó como un esfuerzo por trasladar los problemas migratorios del país a la frontera. . Pomareda no ha comentado públicamente sobre la reunión.
El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, se comprometió a “brindar recursos” para apoyar a los más necesitados, especialmente a niños y ancianos.
“Actuaremos con la rapidez que requiera esta situación crítica que afecta a las personas varadas en la frontera”, dijo Espíndola.
En medio del enfrentamiento, el líder de la Cámara de Diputados de Chile, Vlado Mirosevic, pidió un corredor humanitario que involucre a todos los países de la región para resolver la crisis y permitir que los migrantes regresen seguros a Venezuela.
El canciller chileno, Alberto van Klaveren, advirtió que había “un problema humanitario importante en la región” y dijo que la decisión de Boluarte “aumenta la presión” en la frontera.
La salida de los migrantes de Chile se produce poco después de que el 10 de abril la Fiscalía Nacional llamara a los fiscales a solicitar la prisión preventiva para cualquier persona sorprendida cometiendo un delito que no pudiera probar su identidad.
Adicionalmente, se espera que se debata en la Cámara de Diputados una medida que tipificaría como delito la inmigración irregular y propondría penas de prisión de hasta 541 días para quien sea sorprendido ingresando a Chile por vías no oficiales.
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