En el seminario sobre derechos humanos y empresas, auspiciado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, Fomento y Turismo; el Instituto Nacional de Derechos Humanos; la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Pacto Global de Chile, el Canciller Heraldo Muñoz lanzó el proceso conducente al Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y empresas.

“Las empresas no sólo pueden generar impactos positivos en el crecimiento y la prosperidad, sino que también pueden tener un impacto negativo en los derechos humanos. Por eso es necesaria una política nacional que abarque este tema”, afirmó el Ministro de Relaciones Exteriores.

Chile ha manifestado su compromiso con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y promueve su implementación a nivel nacional a través de la elaboración de este plan de acción.

Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad internacional y basadas en estándares y prácticas internacionales existentes para la adecuada protección, seguridad y restitución de los derechos de las personas en relación con las actividades empresariales.

El seminario, al que asistieron representantes del gobierno, empresas y la sociedad civil, presentó a los participantes los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos para reflexionar sobre su importancia en los derechos humanos y la prevención de conflictos sociales. por las empresas.

El Ministro Muñoz dijo que “así como es importante el documento final, también lo es el proceso mediante el cual se desarrollarán estas medidas de política. Por ello es fundamental que todos los actores participen y aporten desde sus diferentes puntos de vista, tanto desde el Estado como desde el sector empresarial y la sociedad civil.”

Finalmente, el Ministro de Relaciones Exteriores destacó que “tenemos la oportunidad de construir positivamente y contribuir de una manera u otra a la creación de confianza, no sólo entre el Estado y las empresas, sino también entre las empresas y la sociedad civil, para que todos los actores sienten que están construyendo prosperidad pero respetando los derechos humanos.