Chile levantó el estado de emergencia en su frontera norte el día 15. El estado de emergencia se impuso como una medida para controlar la entrada de refugiados y flujos de migrantes a través de puntos de cruce no oficiales. Aunque se ha levantado, el gobierno mantendrá el despliegue militar en la región.

Se han establecido protocolos de deportación, incluidas salvaguardias para garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos humanos. Asimismo, las autoridades nacionales en estrecha coordinación con la Dirección de Investigaciones Policiales (PDI) analizan la posibilidad de establecer una mesa para coordinar el proceso de expulsión judicial y dar tratamiento a la migración irregular. Estas medidas fueron anunciadas durante la visita del Subsecretario de Gobernación a Colchane.

En la misma línea, luego de la visita a la región de Tarapacá, el representante del Ministerio del Interior incluyó en su programa público el mejoramiento de la infraestructura y atención de la salud en la localidad de Colchane, que sufría presiones por el aumento significativo del número de personas que cruzan la frontera. de bolivia El gobierno destinará 200 millones (pesos chilenos) para mejorar la infraestructura pública, con especial atención al consultorio médico.

Como parte de los procesos de renovación, el Servicio Nacional de Migración ha indicado que solo los ciudadanos de países limítrofes como Perú y Bolivia podrán ser enviados de regreso a sus países de origen y no los de otras nacionalidades, incluidos los venezolanos. Según datos proporcionados por la policía de investigaciones, el 80% de los procesos de renovación son rechazados.

En abril, el Servicio Nacional de Migración dio a conocer la cantidad de refugiados que residen en Chile, lo que demuestra que cumplir con las condiciones para ser considerado refugiado es una tarea compleja. Durante la última década, entre 2010 y 2021, se han registrado 21.847 solicitudes, pero solo se han aceptado 701 expedientes, es decir, solo el 3,2% del total. En el caso de la población venezolana, desde 2010 hasta el año pasado se registraron 6.901 solicitudes de la condición de refugiado, pero solo el 0,42% fueron aprobadas.

Como parte del proceso constitucional que atraviesa Chile, la Convención rechaza los artículos relacionados con el derecho a migrar y la no devolución, los cuales revierten a la comisión. Sin embargo, el artículo relativo al derecho de asilo fue aprobado con 120 votos a favor.

El gobierno ha reconocido la ilegalidad de la reforma del procedimiento de determinación de la condición de refugiado de febrero de 2022 y el Ministerio del Interior emitió un nuevo decreto (146) el 20 de abril que establece disposiciones sobre la protección de los refugiados.

El 21 de abril, una mujer venezolana de 60 años, que vivía en la calle, murió frente a la terminal de ómnibus de Iquique. Teniendo en cuenta las muertes en la frontera de Colchane en lo que va del año, se registra una octava muerte.