En junio se sentó la Convención Constituyente de Chile, que culminó un proceso que comenzó con protestas espontáneas a fines de 2019 y rápidamente cristalizó en demandas para revisar el modelo social del país y reescribir la constitución chilena, que data de la dictadura de Augusto Pinochet.

Como protagonistas centrales del movimiento de protesta que condujo al éxito del referéndum constitucional de octubre de 2020, los pueblos indígenas de Chile han buscado que la nueva constitución redactada por la convención incluya el reconocimiento formal de su estatus, además de una designación de Chile. como Estado Plurinacional. Ambas demandas se derivan de la profunda y compleja relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas del país.

Esta relación ha estado históricamente marcada por la desconfianza, dado el incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos y promesas hechas a los pueblos indígenas, así como la falta de entendimiento mutuo entre ellos. A esta desconfianza ha contribuido la tendencia de los gobiernos chilenos en las últimas décadas a definir las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas exclusivamente como temas de pobreza y desarrollo. Además, la interacción del Estado con los pueblos indígenas también se ha dado a través del prisma de la seguridad pública, más que del diálogo político en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, los cuales han sido reconocidos en tratados internacionales y otros instrumentos ratificados por Chile. La prueba más paradigmática de esta omisión es la ausencia de todo reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos.