El nuevo proyecto de Constitución de Chile ya criticado

El Consejo Constitucional de Chile, dominado por la extrema derecha, presentó una propuesta constitucional muy conservadora al presidente progresista Gabriel Boric.

Luego de cinco meses de trabajo dentro del antiguo Congreso de Santiago de Chile, los 50 miembros del Consejo Constitucional elegidos en mayo pasado aprobaron la nueva propuesta de Constitución. Este texto pretende sustituir al adoptado bajo la dictadura de Pinochet en 1980. La propuesta fue aprobada por 33 votos de los 50 miembros del Consejo Constitucional, dominado por asesores de derecha.

Este nuevo proyecto de constitución será presentado oficialmente al presidente Gabriel Boric el 7 de noviembre, quien deberá convocar un referéndum obligatorio el 17 de diciembre.

En septiembre del año pasado, el 64% de los votantes rechazó una propuesta inicial para una reforma institucional progresista redactada por una Asamblea Constituyente compuesta principalmente por independientes de movimientos sociales. Esta es la segunda vez en tantos años que Chile propone una nueva redacción constitucional. Alrededor del 80% de los chilenos votaron en 2020 a favor de un proyecto de nueva Constitución.

Esta nueva versión, muy conservadora, todavía no parece convencer. Según la última encuesta, el 24% piensa votar a favor de la nueva Constitución, el 54% en contra y el 22% no sabe o no responde. Los asesores que redactaron el texto siempre se opusieron a la idea de reemplazar la Constitución de Pinochet, dice Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile. Este texto mantendrá las desigualdades que provocaron el levantamiento social de octubre de 2019.

El proceso constitucional de Chile comenzó después de las protestas de 2019 que culminaron con una marcha de un millón de personas en la capital, Santiago, para exigir acceso universal a la salud y la educación, así como un aumento significativo de las pensiones. En la Constitución actual, el modelo implícito es el del Estado subsidiario, que otorga un papel clave al sector privado en la provisión de derechos sociales.

Alisa Garces

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