Por qué los chilenos rechazaron una nueva constitución ‘progresista’

Este fin de semana, el pueblo de Chile votó abrumadoramente para rechazar una nueva constitución propuesta que habría consagrado los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y los trabajadores. Fue derrotado por un margen de 62 a 38 por ciento.

No hay duda de que los chilenos quieren abandonar la vieja constitución, que data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet. De hecho, en 2020, en otro referéndum, más del 78% de los chilenos votaron a favor de redactar una nueva constitución. Entonces, ¿dónde salió todo mal?

La transición de Chile de la dictadura a la democracia fue difícil. Pinochet tomó el poder en 1973 en un golpe militar, derrocando al gobierno radical de izquierda de Salvador Allende. La constitución de Pinochet se impuso por primera vez en 1980, aunque fue enmendada en 1989, cerca del final del mandato de Pinochet. Estas enmiendas hicieron que la constitución fuera más democrática, aunque también contenían restricciones destinadas a limitar el cambio político. Más importante aún, el Consejo de Seguridad Nacional de Chile ha sido aislado de cualquier influencia democrática. Y aunque los presidentes serían elegidos después de las enmiendas de 1989, tendrían mandatos de seis años y amplios poderes a su disposición, incluido el derecho a nombrar senadores.

Esencialmente, las enmiendas de 1989 nacieron de un compromiso, con activistas a favor de la democracia que buscaban evitar una confrontación violenta con los militares. Y los demócratas se han sentido frustrados con eso desde entonces.

La constitución, tal como funciona actualmente, excluye el gobierno de la mayoría, sobre todo debido al complejo método de elección de senadores. Este sistema favorecería desproporcionadamente a los barrios ricos ya la derecha política. Como resultado, la oposición a la constitución de la era de Pinochet ha sido durante mucho tiempo un tema importante para la izquierda chilena, que siente que ha sido engañada en sucesivas elecciones.

Ha habido enmiendas a la constitución desde la década de 1980, acortando el mandato de los presidentes y permitiendo un mayor control democrático sobre el Consejo de Seguridad Nacional, pero la necesidad de una reescritura integral está fuera de toda duda.

En 2018 nació Convergencia Social, una nueva coalición de izquierda liderada por Gabriel Boric. En medio de los disturbios civiles generalizados que estallaron en 2019, la campaña de Boric allanó el camino para el referéndum de 2020, en el que el público acordó que se necesitaba una nueva constitución. En 2021, se estableció una convención constitucional para redactar la nueva constitución. La mayoría de los miembros de la convención fueron elegidos, aunque también incluyó a varios representantes independientes de la sociedad civil y también hubo asientos reservados para representantes indígenas. En marzo de 2022, Boric fue elegido presidente de Chile, lo que pareció dar un nuevo impulso al proceso constituyente.

Pero la convención constitucional se desvió rápidamente. El proceso ha sido capturado por activistas de izquierda. Y los conservadores se han visto congelados o alienados en gran medida por el proceso.

El error fundamental cometido por la convención es que se comportó como si estuviera redactando una política en lugar de una constitución. Les représentants à la convention ont imaginé le Chili tel qu’ils aimeraient qu’il soit, maintenant et pour l’éternité, au lieu de rédiger une constitution qui laisserait aux Chiliens la liberté de décider eux-mêmes des politiques qu’ils devraient adopter en el futuro.

La convención incluyó un número extraordinario de nuevos derechos sociales, que deberían haber sido políticas en lugar de cláusulas constitucionales. Por ejemplo, las cláusulas garantizan cuotas de género para los cargos públicos y el derecho de los pueblos indígenas a vetar ciertos aspectos de la política nacional. También intentó consagrar ciertos “derechos” en nombre de la naturaleza y reconocer a los animales como seres sintientes.

Algunas de estas políticas pueden ser encomiables en sí mismas, otras no tanto. Pero si se consagraran en una constitución, socavarían el propósito mismo de una constitución democrática, ya que obligarían a los futuros parlamentos chilenos a un determinado conjunto de políticas. En otras palabras, la nueva constitución propuesta en realidad habría restringido los derechos democráticos de los ciudadanos.

En algún momento, la convención constitucional perdió de vista lo que se suponía que debía hacer. La mayoría de los participantes de tendencia izquierdista no notaron (o no les importó) que no llevaban gran parte del país con ellos durante el proceso. Confundieron el descontento público generalizado con la derecha política (causado por años de inestabilidad económica) con el apoyo popular a las políticas sociales de izquierda. Los conservadores en general vieron la convención como una broma o algo siniestro, gracias a su apoyo a las políticas sociales liberales sobre el aborto y la familia.

Existía la sensación de que el presidente Boric y la convención pensaron que podrían cambiar el carácter del país a través de la constitución. Querían anclar sus ideas de cambio social progresista incorporándolas a la constitución.

Esto apuntaló el sentimiento de que no se debe confiar realmente en el pueblo en cuestiones de democracia. Irónicamente, en este sentido, la constitución propuesta era algo así como un reflejo izquierdista de la antigua constitución de la era de Pinochet. Boric y sus aliados terminaron proponiendo que sus propios ideales políticos se convirtieran en leyes básicas que quedarían fuera de toda impugnación democrática.

Se podía ver esta aversión a la democracia en la propuesta de permitir que los pueblos indígenas de Chile pongan límites a la política nacional. Los defensores de la constitución argumentaron que convertiría a Chile en una democracia “plurinacional”. En verdad, reveló una falta de voluntad para gobernar por la regla de la mayoría.

Finalmente, una gran mayoría de chilenos rechazó las propuestas. Es cierto que parte de la oposición no fue la más inteligente, y algunos opositores de derecha llamaron al proyecto de constitución “comunista” o incluso satánico. Pero las múltiples rupturas que habría impuesto a la democracia chilena hacían probable su rechazo.

El resonante voto en contra del proyecto de constitución es más que un poco vergonzoso para el gobierno de Boric, que ahora se enfrenta a tener que adoptar una nueva constitución que no será de su agrado. Pretender hacer política por encima de la cabeza de la gente es siempre un error.

Feliciano Antolin

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